ley de inclusión en chile

En nuestro país el 20% de las personas mayores de 18 años se encuentra en situación de discapacidad. Sin embargo, de ese total, sólo el 39,3% tiene empleo. Con esta nueva ley, se estima que se podrán habilitar más de 27 mil cupos laborales.

¿Cómo optar a un empleo?

Podrán acceder a estos cupos aquellos que posean una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional o que padezcan cualquier tipo de discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Con respecto al salario, este proyecto establece que las personas con discapacidad mental o intelectual pueden acceder a una remuneración más digna con base en el ingreso mínimo.

Cumplimiento de las empresas y fiscalización

De acuerdo a la normativa vigente, hay algunas situaciones especiales que permiten que las organizaciones no cumplan con el principio de la Ley, tales como:

• Que no lo permita la naturaleza de las funciones que desarrolla la institución.

• La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

• No contar con cupos disponibles en la dotación de personal.

Sin embargo, las empresas privadas que no logren cumplir con la normativa por los motivos antes señalados deben establecer e implementar mecanismos alternativos que fomenten la inclusión laboral, como por ejemplo:

• Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad.

• Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.

Las entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa por parte de las empresas, será la Dirección del Trabajo en el caso del sector privado, quien llevará un registro actualizado de los contratos celebrados por las empresas con personas con discapacidad o pensionados por invalidez.

Para los organismos públicos, en tanto, existirá un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social que establecerá los parámetros, procedimientos y demás elementos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones consignadas o para justifica una excepción